Sergio Carciofi, abogado especialista en Derecho del Consumidor, explicó el alcance de la medida anunciada por el ministro Caputo. CADENA3
Tras el DNU 70-2023 que estableció la desregulación de la medicina prepaga y con ello los aumentos exorbitantes de manera unilateral, el Gobierno nacional decidió dar marcha atrás y definir un tope.
En ese sentido, a través de un comunicado, la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional, informó todos aquellos afiliados a determinadas prepagas, están obligadas a fijar en sus aumentos un tope máximo que establece el IPC, el Índice de Precio del Consumidor.
Es decir que “todos aquellos que tuvieron el aumento a partir de diciembre, quedaría ese aumento unilateral sin efecto y se aplicaría este IPC”, explicó a Cadena 3 Sergio Carciofi, abogado especialista en Derecho del Consumidor.
“Lo que tiene que entender la gente es que lo que le van a aplicar es el índice de la inflación, que se mide por el IPC. Ese es el máximo que se le debe aplicar”, aclaró.
La base de cálculo de ese aumento es el monto que tenían en diciembre y cada afiliado debería tomar su factura de ese mes y aplicarle un máximo de 114.6% para ver el costo en mayo.
En caso de observar excedencias en los topes autorizados, los afiliados pueden hacer uso del número 0-800 proporcionado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para presentar denuncias. Sin embargo, Carciofi advirtió sobre las dificultades para ejecutar este tipo de comunicados y señaló que algunas veces estos números no funcionan correctamente.
Además, destacó ciertas discrepancias entre lo regulado por diferentes entidades gubernamentales y lo implementado por las empresas prepagas: “El ente de aplicación que regula la prepaga es la Superintendencia de Salud. Acá lo que está haciendo el gobierno es a través una resolución imponerle un tope a través de la Secretaría de Comercio, que no es el ente de aplicación de las prepagas”.
Entrevista de Miguel Clariá
